....El hermano de José Couso, Javier, comenzó su intervención recordando las circunstancias que rodearon la muerte del cámara de Telecinco. Cómo «el mundo quedó impactado al ver, en una guerra tan mediática como fue la de Irak, que el Ejército de Estados Unidos se decidía a atacar los tres centros de prensa que había en Bagdad y que estaban retransmitiendo el avance de las tropas». «Lo importante», reflexionó Javier Couso, «es que lo hicieron a los ojos de todo el mundo. Era un aviso a esa prensa que no se quiso empotrar, que no fue con las tropas, que muchas veces era sumisa, pero que en aquellos momentos informó de una manera que no les gustó».
El análisis de Javier Couso hizo ver que el Ejército de Estados Unidos, ante el miedo a perder el control de la información, con cerca de trescientos periodistas que se negaron a ir empotrados, atacó las tres sedes de prensa y después logró que no se vieran más imágenes de la guerra de Irak hasta la de la caída de la estatua de Saddam.
Desde ese momento, la familia Couso ha mantenido una batalla «muy complicada y muy dolorosa». «Son siete año y medio en los que nos hemos tenido que tragar nuestro luto, hemos perdido trabajos y dinero, pero hemos querido seguir adelante porque creemos que no podemos asesinar a mi hermano dos veces».
Con el caso todavía abierto y la esperanza, contó, de que el juez de la Audiencia pueda ir a Bagdad a tomar declaración a testigos, Javier Couso relató el inicio de la querella criminal contra el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Woldrford y el teniente coronel Philip de Camp, «autores confesos del ataque al hotel Palestina». A las peticiones de información de los jueces españoles, el Gobierno de Estados Unidos nunca responde. Según el hermano de Couso, fuentes oficiosas estadounidenses aseguraban que «antes se helará el infierno que un juez español tome declaración a unos militares estadounidenses». Cuando se dictan las órdenes de busca y captura es cuando Cándido Conde-Pumpido pide el archivo. Ahí empieza un tira y afloja, que todavía mantiene el caso abierto y en el que, como se desprende de los cables de Wikileaks, el Gobierno español «en vez de perseguir el delito se dedica a ejercer de abogado defensor de unos militares extranjeros acusados de un crimen de guerra contra un ciudadano español».
En los cables -Javier Couso detalló unos cuantos- los embajadores norteamericanos citan la colaboración, empeño y ayuda en parar el proceso por parte de los ministros Juan López Aguilar, Miguel Ángel Moratinos, de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega y de los fiscales citados. Todo ello permitirá a la familia de Couso presentar el lunes una denuncia y confiar, como se lamentaba en otro cable el embajador estadounidense, en que «la justicia española es rabiosamente independiente».
Insurgente
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